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Asunción, 21 dic (EFE).- La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) pidió hoy al Gobierno una investigación "imparcial y efectiva" sobre la matanza de Curuguaty, detonante de la destitución de Fernando Lugo de la Presidencia en junio pasado.
"El Estado debe iniciar sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva, utilizando para ello todos los medios legales disponibles", dijo Codehupy en su informe sobre el caso Curuguaty, que fue divulgado hoy.
Seis policías y once labradores murieron en esa localidad rural del nordeste el 15 de junio pasado, en un tiroteo durante una operación de desalojo policial de una finca cuya propiedad se disputan el Estado y la familia del recientemente fallecido político y empresario Blas N. Riquelme.
El trágico resultado de esa operación policial fue el principal detonante del controvertido juicio político de toda la gestión de Lugo llevado a cabo en el Parlamento y que concluyó en un día con su destitución y su sustitución por el entonces vicepresidente, Federico Franco, el 22 de junio.
"La investigación debe estar orientada a la determinación de la verdad y al enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables", insistió la Codehupy, que también recomendó que desde la sociedad civil se emprenda una investigación independiente.
Aseveró, además, que lo ocurrido en Curuguaty se ajusta a otros antecedentes en la lucha por la reforma agraria en el país en los que se han observado "prácticas lesivas de los derechos humanos" como "ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzosas", "torturas", "detenciones y procesamientos arbitrarios o abusivos" y "desalojos ilegales".
La Coordinadora sostiene que el "procedimiento fiscal y judicial adelantado por el Estado (...) no puede legitimar un resultado justo porque no tiene condiciones de imparcialidad y eficacia de la prueba, así como mínimos de respeto a las garantías del debido proceso de los imputados".
"Cualquier resolución que sea dictada en la causa podrá tener el efecto formal de preclusión en el proceso, pero no podrá evitar el vicio de la cosa juzgada fraudulenta cuando sea revisada en sede internacional", advirtió.
El pasado día 16 la Fiscalía paraguaya presentó acusación formal contra 14 campesinos, dos de ellos menores de edad, como presuntos responsables de la matanza de Curuguaty.
La mayoría de esas personas fueron imputadas por los delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble.
La Fiscalía, en su informe final tras la investigación, sostuvo que los agentes policiales que procedían al desalojo de quienes habían entrado en la finca "cayeron en una emboscada preparada y planificada previamente por ocupantes armados".
En cambio, los abogados de los procesados aseguran que hay pruebas que demuestran que los agentes fueron asesinados por "expertos tiradores" y no por los campesinos.
La petición de hoy de la Codehupy se suma a otras similares realizadas por Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y autoridades en Asunción de las Naciones Unidas (ONU), así como por grupos civiles y sociales paraguayos.
