La Procuraduría pidió anular la determinación que habilita a los siete conjueces y dos magistrados titulares dispuestos para el juzgamiento de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado y el exsecretario de la Presidencia, Bernardo Moreno. Se sumó a la solicitud del abogado defensor Jaime Granados, quien pidió a la Corte Suprema anular el acto que niega la recusación contra los conjueces y todo el proceso en su contra, al considerar que los funcionarios están impedidos por faltar al principio de imparcialidad.
Granados argumentó que los jueces del caso fueron elegidos por magistrados directamente afectados por las supuestas interceptaciones ilegales del DAS: “Las víctimas no pueden elegir a los jueces para juzgar a sus victimarios”, advirtió. Otro de los argumentos presentados por Granados, fue que William Monroy, uno de los magistrados que tomó la decisión de negar la recusación, estaba impedido además, por haber sido abogado de Daniel Coronell, víctima de las interceptaciones. Argumento en el que se basó el procurador delegado Jorge González para afirmar que la segunda sala de conjueces que habilitó a los magistrados juzgadores estaba viciada.
De esta manera, en la reanudación de la audiencia contra los dos exfuncionarios del gobierno Uribe, la Procuraduría respaldó la solicitud del abogado defensor mientras que la Fiscalía rechazó el recurso de nulidad presentado por Granados, ante lo que la fiscal Viviane Morales dijo que parecía ser más una nueva recusación disfrazada de nulidad.
Por lo tanto, la fiscal general Viviane Morales, ante tales solicitudes, aún no hace público el escrito de acusación que tenía pendiente contra ambos exfuncionarios por el escándalo de “chuzadas.
Por otra parte, la Corte Suprema decidió reconocer como víctimas de las chuzadas a César Julio Valencia Copete y al abogado Ramiro Bejarano.
Finalmente, los abogados de las víctimas de las chuzadas denunciaron que la defensa de Bernardo Moreno busca dilatar el proceso.
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