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La exdiputada fue procesada por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, gestión indebida de recursos sociales y urbanización ilegal.
Cano habría estafado a 240 personas de los estratos 1 y 2 que confiaron sus ahorros en los proyectos de vivienda San Miguel y Santa Marta que ella ofrecía como solución a sus problemas habitacionales, en dichos proyectos desparecieron 3 mil millones de pesos sin que las personas afectadas recibieran la casa por la cual pagaron.
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Por los mismos delitos, también fueron asegurados con medida intramuros el esposo de la diputada y el yerno de la diputada, Carlos Andrés Moreno, representante legal de la firma Corvida que era la firma responsable de los planes de vivienda.
