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Álvaro Uribe insiste ser reconocido como víctima en caso contra Piedad Córdoba

El expresidente  Álvaro Uribe insistió hoy ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en ser reconocido como víctima en el proceso del alto tribunal contra la exsenadora Piedad Córdoba. La exlegisladora afronta en la CSJ una causa por sus presuntos nexos con las Farc, guerrilla ante la que medió y logró la puesta en libertad de unas quince personas, entre políticos y uniformados.

El exgobernante ya había presentado una petición similar el pasado 16 de junio, también acompañado de sus abogados, pero ésa fue negada a comienzos de julio.  Inicialmente Uribe había solicitado copia del expediente de la exsenadora Córdoba, el cual fue negado bajo el argumento de que la calidad de víctima debe ser justificada por el solicitante.

Uno de sus abogados, Jaime Lombana, explicó en junio que el exmandatario buscaba "conocer el expediente y las diligencias y vislumbrar qué información se encuentra derivada de los correos" de dos guerrilleros de las Farc muertos en combate con las autoridades. Lombana añadió que se busca "conocer" de los correos del "Mono Jojoy", alias de Víctor Julio Suárez Rojas, jefe militar de las Farc, "si existía relación entre este señor y la señora Córdoba".

Asimismo quiere precisar, según señaló ese día el letrado, si de la información de los correos cruzados entre el guerrillero y la exparlamentaria "se deriva algún perjuicio al Estado colombiano y al ciudadano Álvaro Uribe". Córdoba fue separada en septiembre del año pasado de su escaño en el Senado por la Procuraduría General tras considerar que había pruebas de nexos con esa guerrilla. Ante esa situación, la CSJ adelanta una causa en su contra, en el marco de la conocida "farcpolítica", es decir nexos de políticos con las Farc.

La exsenadora, sin embargo, sí fue autorizada para interrogar a Uribe en el marco de un proceso judicial que se adelanta en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el exgobernante por el caso de escuchas ilegales. Ese proceso investiga las interceptaciones del Departamento Administrativo de Seguridad a magistrados, congresistas, periodistas, opositores y otras personalidades, lo que generó uno de los peores escándalos políticos de los últimos años en Colombia.

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