El proceso jurídico que tuvo a Álvaro Uribe Vélez en prisión domiciliaria se remonta al 17 de septiembre de 2014 en un debate de control político en el Congreso de la República. Allí inició una discusión por parte del Senador Iván Cepeda para dar a conocer los supuestos vínculos del expresidente con el paramilitarismo.
Una vez finalizado el encuentro en el capitolio Uribe Vélez acusó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos. Tres años después el alto tribunal consideró que quien debía ser juzgado era el expresidente, por lo que le inició una investigación por la presunta comisión del mismo delito.
Tras meses de investigación y análisis de testimonios de testigos, el pasado 4 de agosto la Corte ordenó la medida de aseguramiento preventiva y domiciliaria contra Álvaro Uribe Vélez, quien anunció el 12 de agosto que había sido reseñado como preso; adicional a ello, seis días después anunció su renuncia al Senado.
Durante las siguientes semanas la decisión generó diversas reacciones, entre ellas la de sus simpatizantes, quienes tras conocer la decisión de libertad se movilizaron en apoyo al también exsenador.
Por ahora el expresidente podrá defenderse en libertad del proceso judicial que se adelanta en su contra por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal.
