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Agro colombiano: agria realidad

En Colombia, los factores asociados a la tierra como su concentración y su uso, se han constituido en verdaderas barreras para lograr plenos niveles de desarrollo.

Así lo concluye el informe “Colombia rural: razones para la esperanza” elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que será presentado hoy en Bogotá en acto público que contará con la presencia del Presidente de la República, Juan Manuel Santos.

El Informe, que aborda de manera exhaustiva la realidad agraria colombiana, señala que si bien el Índice de Desarrollo Humano (IDH) viene aumentando progresivamente en el país en los últimos 10 años, los niveles de desigualdad entre las zonas urbanas y las rurales muestra aumentos igual de constantes.

Lo anterior se explica, en parte, por la incidencia negativa que tiene en el desarrollo humano fenómenos como el conflicto armado y la inequidad resultante de la elevada concentración de la tierra. Al ajustar el IDH con el coeficiente Gini, para medir la concentración de la tierra; y los índices de homicidios y desplazamientos, se observaron profundas brechas de desigualdad principalmente en los departamentos de Arauca, Casanare, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca.

El problema de la tierra

Según el Informe, la tierra en Colombia ha sido objeto permanente de disputa y el centro del conflicto armado dado el papel rentístico y especulativo que posee, por ser fuente de poder político ligado a la violencia y por ser un instrumento de la guerra y del lavado de activos del narcotráfico.

“Por ello, la estructura agraria se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo”, reza el Informe en sus apartes. A ello se suma que el país arrastra una desactualización catastral del 44.3%, que incide negativamente en el ingreso de recursos a los municipios; al igual que una alta informalidad en los derechos de propiedad, donde cerca del 40% de los predios no tienen títulos y, cuando los tienen, no están registrados.

Frente a la desigualdad en la tenencia de la tierra, los indicadores que entrega el Pnud no son alentadores. Para determinar lo anterior se utiliza el índice de Gini: cuanto más cercano a 1 esté el índice, más concentrada está la propiedad (pocos propietarios con mucha tierra), y cuanto más cercano a cero, mejor distribuida está la tierra.

En Colombia, dicho coeficiente se ubica en 0.85%, uno de los peores de América Latina según el Estudio. Prueba de ello es que el 52% de la gran propiedad, equivalente al 0.86% de los predios rurales, está en manos del 1.15% de la población mientras que 10.59% del microfundio (80.49% de los predios) se encuentra en manos del 78.31% de la población.

El fenómeno es generalizado en todo el país. 18 de los 32 departamentos tienen índice Gini superiores a 0.80 y entre 2000 y 2009 la concentración de la tierra creció en 23 de los 32 departamentos, siendo Antioquia, Chocó, Risaralda, Norte de Santander, Cesar, Guajira, Valle del Cauca y San Andrés donde más se registraron estos aumentos.

Producción agraria

Si bien el país ha logrado un “mosaico productivo” por su diversidad climática, el Pnud encontró que sólo se cultiva el 22.7% de las áreas productivas; es decir, 4.9 millones de hectáreas de 22 millones de Ha. aptas para usos agrícolas.

A esto se suma un crecimiento desmedido de la ganadería y la minería. Las tierras aptas para ganadería son 21.1 millones de Ha. y actualmente se usan 39.2 millones de Ha., cifra que incluye rastrojo y maleza, lo que quiera decir que se están utilizando 10.6 millones de Ha. más para la producción bovina.

Igual sucede con la minería. Entre 2000 y 2010 se otorgaron 7.624 títulos mineros y se tramitaron 17.479 solicitudes, que comprometen 5.8 millones de Ha. “Mal manejada, la minería genera espejismos. Produce regalías rápidamente, pero acaba con las opciones de desarrollo sostenible en el corto plazo”, agrega el Informe.

Pese al complejo panorama, para el Pnud hay una gran esperanza. “Se sabe que hay qué hacer: se necesita más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado. Abrir las puertas de la modernización con un Estado más regulador”, concluye el Informe.

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