La movilización en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de un integrante de las disidencias de las FARC con orden de captura vigente y sin portar los documentos que lo acrediten como parte de un proceso de paz con el Gobierno Nacional, ponen en el ojo del huracán a la entidad, adscrita al Ministerio de Defensa de Colombia.
Los protocolos indican que la UNP debe verificar la identidad y la situación jurídica de las personas que son transportadas en sus vehículos. En este caso, se considera una falla grave que un integrante de las disidencias de las FARC con orden de captura vigente y sin estar acreditado dentro de un proceso de paz, se movilizara en un vehículo de la entidad.
Noticias Telemedellín consultó con un abogado penalista quien explicó el proceso, considerando que aunque los militares actuaron de acuerdo a sus funciones, y que actualmente, la labor de la Fuerza Pública se dificulta ante la diversidad de cambios en los acuerdos entre el Gobierno y las disidencias.
La Unidad Nacional de Protección podría enfrentarse a procesos jurídicos por delitos como abuso de la función pública, y acción, omisión o extralimitación de funciones.
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