En este acuerdo la seguridad se centrará en el respeto por la dignidad humana, promoción y respeto de los derechos humanos, defensa de la democracia y de los derechos de quién ejerza la política incluso si se declara opositor, para ello se establecerá un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio político.
El nuevo sistema se conformará de acuerdo a la concepción de seguridad, que se centrará en la persona y permitirá articularse con las medidas de desarrollo y bienestar individual y colectivo. También establece estas garantías como condición primordial para construir paz y convivencia siempre garantizando la protección a las comunidades y sus líderes, a quienes defienden los derechos humanos, de los partidos, movimientos políticos y sociales, en especial del nuevo partido que las FARC-EP decidan conformar y de la reintegración a la vida civil de sus integrantes.
Para ello las FARC-EP y el Gobierno Nacional se comprometen a:
-El Gobierno Nacional intensificará medidas para realizar acciones integrales contra organizaciones que se comprueben responsables de homicidios o masacres en los que se vea en riesgo la vida de defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos incluyendo los nuevos grupos conformados por las FARC-EP. Además garantizará la protección de las comunidades y sus territorios y que la política no tenga nexos con uso de armas.
-Las organizaciones y conductas criminales que incumplan con lo pactado en el acuerdo serán objeto de persecución penal por parte del Estado Colombiano
-Las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, serán la base de la protección de la población colombiana
-Las FARC-EP se comprometerán a construir la paz en el territorio colombiano, a promover el acuerdo y a respetar los derechos fundamentales de los colombianos.
Se han declarado principios orientadores que garantizarán el cumplimiento del acuerdo:
1 Respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos: Es el estado el que se encargará de garantizar el bienestar de las comunidades y las personas en sus territorios y el cumplimiento de sus derechos.
2 Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio: Será el Estado colombiano el único que podrá utilizar armas pero sólo en hechos en los que los derechos humanos de los colombianos se vean en riesgo.
3 Fortalecimiento de la administración de justicia: Las medidas adoptadas deberán contribuir a la participación ciudadana y al goce de una justicia independiente, oportuna, efectiva y transparente que promueva la solución de conflictos por medios alternativos que garanticen el respeto de los derechos fundamentales. La justicia debe ser efectiva en casos de violencia de género, libre de prejuicios basados en estereotipos o condiciones sexuales y las sanciones proporcionales a la gravedad del hecho.
4 Asegurar el monopolio de los tributos por la Hacienda Pública: Se enfrentará la economía ilegal producto de actividades ilícitas vinculadas con crimen organizado o cualquier tipo de delito.
5 Enfoque territorial y diferencial: Las medidas de seguridad adoptadas tendrán enfoque territorial y diferencial, es decir, tendrán en cuenta las amenazas, particularidades y experiencias de cada individuo partiendo de sus gustos o costumbres. Con ello se garantizará el respeto de los valores y tradiciones.
6 Enfoque de género: Las mujeres, niñas, niños y adolescentes afectados por organizaciones criminales tendrán protección especial.
7 Coordinación y corresponsabilidad institucional: Todas las instituciones del estado tendrán procesos articulados que garanticen la efectividad de las medidas adoptadas respecto a la seguridad.
8 Participación ciudadana: Los ciudadanos serán parte activa de las decisiones tomadas, incluidos los miembros de los grupos que surjan producto de la reincorporación a la vida civil de las FARC-EP.
9. Rendición de cuentas: Las instituciones deberán explicar de forma clara a las comunidades los resultados obtenidos de las acciones ejecutadas por cada entidad.
10.Garantías de No Repetición: El Estado garantizará la desarticulación de organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres o violencia de genero y la persecución las conductas criminales que impidan la construcción de paz.
