Tras su fallo, la Corte Constitucional advirtió que los desmovilizados rasos deben inscribirse en la Comisión de Historia y deben suministrar información verídica sobre masacres, fosas, etc.
El fallo de la Corte Constitucional que avaló la Ley 1424 de 2010 permite sacar del limbo jurídico a 26 mil exintegrantes de organizaciones armadas ilegales, destacó el presidente de esa corporación, Juan Carlos Henao.
La norma otorga beneficios jurídicos a las personas que se desmovilizaron de esos grupos, para que puedan conservar su libertad, siempre y cuando cumplan con los compromisos de su proceso de reintegración.
Henao dijo que esos desmovilizados deben cumplir con decir toda la verdad o pierden los beneficios.
“No es que se entreguen y no digan nada. Se deben entregar, decir la verdad de las fosas, desaparecidos y seguir el proceso donde son condenados, pero no van a la cárcel porque es una gabela para que cumplan una hoja de ruta y en caso de incumplimiento pierden los beneficios”,destacó el magistrado.
Alejandro Eder, alto consejero para la Reintegración, manifestó que “la decisión de la Corte les da confianza a los desmovilizados que no hacen parte del proceso para que ingresen al proceso y se acojan a los beneficios de la ley 1424”.
Sin embargo, advirtió que de esos 26 mil desmovilizados hay ocho mil que no están en el proceso y podrían ser juzgados por delitos de lesa humanidad si no renuevan su reintegración ante las autoridades.
“Es importante que ellos (los ocho mil) nos contacten para poder acceder a la ley, porque si no lo hacen antes del 28 de diciembre de este año, perderán su libertad y eso sería muy grave para ellos y para el país”, señaló Eder.
Por su parte, el director de Justicia Transicional, Miguel Samper, advirtió que si antes de finalizar este año los desmovilizados no han suscrito sus compromisos ante la Consejería para la Reintegración, de inmediato la Fiscalía ordenará su captura, suspenderá el proceso y los condenará para que paguen su pena en una cárcel.
Explicó que “la información no podrá ser usada contra otros miembros del grupo armado al margen de la ley, pero sí contra terceros que no sean parte del grupo, para garantizar el proceso de quienes sí se acogieron a la ley”.
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