Según el Personero de Medellín, William Vivas, si los beneficios que otorga el Decreto Ley expedido por el Gobierno Nacional para evitar que la pandemia del COVID19 llegue a las cárceles del país, se le brindan a condenados o procesados por delitos como violencia intrafamiliar o inasistencia alimentaria, generaría un alto riesgo para las mujeres y menores de edad que en su momento los denunciaron.
Vivas envió carta el Consejo Superior de la Judicatura donde expone como argumento que los que creyeron en la justicia y demandaron en su momento estas conductas, serían revictimizados, por lo que lo más prudente, sería otorgarles medida administrativa de alejamiento y un domicilio diferente al de las víctimas.
Otra cosa creen defensores de derechos humanos y de acompañamiento a la población carcelaria. Aseguran que ese Decreto Ley será el primer paso para empezar a descongestionar las prisiones en Colombia y no se debe estigmatizar a los reclusos por el tipo de delito cometido.
Mientras el Presidente Duque expide el Decreto Ley, el Inpec asegura que actualmente tiene 123 mil reclusos en las cárceles del país, 83 de mil de ellos condenados en condiciones de hacinamiento que ascienden al 53 por ciento, en la gran mayoría de los penales nacionales.
