Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano nunca previno el asesinato de la defensora de derechos humanos de la comuna 13, Ana Teresa Yarce, en hechos ocurridos en 2004. El organismo internacional ordenó diversas medidas de reparación entre las que se destaca continuar la investigación relacionada con el desplazamiento forzado, detención arbitraria y asesinato de la víctima y otros delitos cometidos contra otras 4 mujeres defensoras de derechos humanos en esa zona del occidente de Medellín en 2002.
Según la Corte, el Estado violó las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial de las víctimas, quienes sufrieron la persecución de grupos paramilitares que contaron con el apoyo de miembros de la fuerza pública, durante operaciones autorizadas por los gobiernos de turno como la fue Orión.
Defensores de derechos humanos de la comuna 13, solicitaron a Luis Pérez, quien era el alcalde de Medellín en 2002 y al entonces presidente de la República Álvaro Uribe y a Juan Manuel Santos, quien se desempeñaba como ministro de Defensa, que ofrezcan una disculpa pública a todas las víctimas.
Las operaciones Mariscal, Potestad y Antorcha que duraron menos de 24 horas y Orión que alcanzó un periodo de 8 días, según la Unidad de Víctimas, dejó 4 mil 196 desplazamientos forzados en la comuna 13.
