Alias ‘Macho Viejo’ sería el reemplazo de ‘Primo Gay’ y se convierte en nuevo objetivo de las autoridades en Antioquia
Noticia por: Duván Vásquezauto_awesome Resumir con IA expand_more
A rey muerto, rey puesto. Gustavo Eliécer Sepúlveda, alias ‘Macho viejo’, es el nuevo objetivo de las autoridades como el reemplazo de alias ‘Primo gay” en la supuesta alianza criminal entre las disidencias de alias ‘Calarcá’ y el Clan del Golfo en el norte y nordeste de Antioquia para enfrentar a la fuerza pública.
Este supuesto criminal se ha ufanado en redes sociales por el manejo de drones como su antecesor y está señalado del asesinato de un soldado profesional en mayo pasado en la vereda palmichal de Briceño. Su prontuario consta de delitos como narcotráfico, terrorismo, extorsión, reclutamiento forzado, desplazamiento y homicidios. Se ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos.
Otros 17 cabecillas criminales hacen parte del cartel de los objetivos de alto valor, del que hacían parte alias ‘Primo gay’ y alias ‘Chuzo’ ya judicializados.
La lista la conforman los principales jefes criminales. Alias ‘Calarcá’, de las disidencias de las Farc, alias ‘Chejo’, líder de las disidencias del frente 36; alias ‘Chiquito malo’, máximo cabecilla del Clan del Golfo, y alias ‘el Montañero’, cabecilla del grupo El Mesa.
Pero también aparecen alias ‘Jhon fiera’, cabecilla del frente cuarto de las disidencias de las Farc; alias ‘Samatha o la enfermera’, integrante del mismo frente; alias soldado, cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez valle del Clan del Golfo, alias ‘Fresita’, cabecilla del frente Gener Morales del mismo grupo armado; alias ‘Mathías’, cabecilla de la compañía Héroes de Tarazá del ELN, y alias ‘Hugo o vinagre’, cabecilla de la estructura Oliverio Isaza Gómez del Clan del Golfo.

En el norte de Antioquia hay alerta ante eventuales retaliaciones por la captura de alias ‘Primo gay’. Algunas localidades han tomado medidas y piden extremar acciones de la Policía y el Ejército.
La Gobernación de Antioquia pagará este año 2.500 millones de pesos como recompensas por la colaboración con información para la judicialización de cabecillas de los grupos armados ilegales.