Exigían hasta $5.000 millones: EPM revela que el Metro de Medellín estuvo bajo amenazas de las disidencias
Noticia por: Noticias Telemedellín
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Una delicada radiografía sobre el asedio criminal contra la infraestructura de servicios públicos en Antioquia salió a la luz pública. A través de un informe de seguridad enviado al Congreso de la República, Empresas Públicas de Medellín (EPM) denunció que el Frente 36 de las disidencias de las Farc exigió millonarios pagos extorsivos que alcanzaron los $5.000 millones de cuota inicial y $500 millones mensuales. La empresa advirtió que las presiones incluyeron amenazas directas no solo contra el proyecto Hidroituango, sino también contra objetivos clave como el Metro y la propia Alcaldía de Medellín.
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El documento, firmado por el jefe de Seguridad de la entidad, Daniel Francisco Moreno Peláez, y remitido al representante Simón Molina para un debate de control político, detalló que las intimidaciones de las disidencias vienen desde agosto de 2025. A este grupo se le atribuyen atentados con artefactos explosivos en las vías de acceso a la central hidroeléctrica que cobraron la vida de un sargento del Ejército, así como ataques contra tres torres de energía en Medellín y Bello, sobrevuelos no autorizados de drones sobre la presa y restricciones a las cuadrillas de trabajadores en zonas rurales de Briceño y veredas vecinas.
Pero el accionar violento no para ahí, pues EPM también alertó sobre las afectaciones provocadas por el Clan del Golfo en subregiones como el Bajo Cauca y el Valle de Aburrá. En territorios del norte del departamento, la compañía denunció que dicha estructura ilegal consolidó mecanismos de control territorial con permisos escritos obligatorios, retenciones de personal y paros armados. Asimismo, en sectores como Granizal, en el municipio de Bello, se advirtió que redes ilegales cobran cuotas por agua cruda y revenden el agua potable a familias vulnerables que no tienen acueducto convencional, amenazando a conductores y líderes comunitarios.
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La alerta de la empresa de servicios públicos abarca igualmente los embalses de Porce II y Porce III, donde se identificaron al menos 26 socavones de minería ilegal, una draga y campamentos con cerca de 124 personas que ponen en serio riesgo las operaciones hidroeléctricas. En estas zonas, según precisó EPM, confluyen y se disputan las rentas ilegales el Frente 36, el Clan del Golfo y el ELN, por lo que las investigaciones y medidas de protección ya están en manos del Gaula, la Fiscalía General de la Nación y el CTI.
