Ordenan la liquidación judicial de Presto tras el fracaso de su reorganización
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Una de las cadenas más icónicas de comida rápida del país entra formalmente en proceso de liquidación judicial. La Superintendencia de Sociedades decretó la apertura de este trámite para Franquicias y Concesiones S.A.S., la firma operadora de Presto, luego de que la misma empresa solicitara dar por terminado su proceso de reorganización ante graves dificultades financieras.
La crisis de Presto, según analistas, se agudizó tras la pandemia por el covid-19.
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La decisión, emitida a través de un auto judicial, puso fin al acuerdo de reorganización que había sido confirmado previamente el 30 de abril de 2026.
¿Por qué la empresa solicitó la liquidación?
La petición de terminar el salvamento empresarial fue presentada el 30 de septiembre de 2026 por la apoderada de la compañía, siguiendo la determinación de su máximo órgano social.
Una evaluación interna de la viabilidad operativa confirmó una fuerte disminución del flujo de caja y serias trabas para sostener la operación bajo la hipótesis de negocio en marcha. A este panorama se sumaron:
- Retrasos e impagos en los gastos de administración.
- Incumplimientos de las obligaciones adquiridas con posterioridad a la confirmación del acuerdo de reorganización.
Con base en estos elementos, la entidad de control concluyó que se configuraron las causales legales previstas en la Ley 1116 de 2006 para finalizar el rescate y ordenar la liquidación definitiva de Presto.
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Medidas cautelares y relevo en la administración
Como parte inmediata del auto de liquidación, el despacho ordenó el cese de funciones de los administradores actuales y la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de la compañía, disponiendo su embargo y secuestro.
Asimismo, fue designada Mónica Alexandra Macías Sánchez como liquidadora, quien asumirá el control y la gestión del patrimonio social para coordinar el proceso. A partir de este momento, las actuaciones se enfocarán en gestionar los activos disponibles para atender las obligaciones pendientes.
Plazo de 20 días para los acreedores
La Superintendencia de Sociedades fijó un término de 20 días para que los acreedores de la cadena presenten formalmente sus reclamaciones y títulos de crédito ante la liquidadora designada.
Con esta medida se cierra la etapa de reorganización y comienza la fase legal para distribuir el patrimonio de la sociedad conforme a las prelaciones de ley.
En Medellín, Presto llegó incluso a vender hasta 80 mil combos diarios. Tras esta crisis, pasó de tener ingresos de alrededor de 109 mil millones a 64 mil millones.