Medellín

Miguel Quintero no irá a una cárcel: esta es la medida que deberá cumplir

Noticia por: Noticias Telemedellín
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Un juez ha dictado medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta corrupción en la contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. La Fiscalía y la Procuraduría argumentaron riesgos de obstrucción a la justicia y peligro de fuga. En este caso también están implicados otros funcionarios, acusados de peculado por apropiación y celebración indebida de contrato, relacionados con el direccionamiento de seis contratos que habrían causado un detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos.
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Este viernes un juez determinó privar de la libertad imponiendo medida de aseguramiento con detención domiciliaria a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por los hechos de presunta corrupción en contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí en la pasada administración.

Por su parte, el juez consideró que no se le impusiera medida privativa de la libertad a Sebastián Ortega, otro de los hombres implicados en este caso de presunta corrupción.

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En audiencias pasadas la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron la medida de aseguramiento contra Miguel Quintero, pues según las entidad podría existir riesgos de obstrucción a la justicia, presiones a testigos y peligro de fuga.

En este proceso también están imputados Álvaro Villada, exsubdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana, Vanesa Álvarez, exasesora jurídica de la entidad y Sebastián Ortega, por los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contrato, por el direccionamiento de seis contratos entre el AMVA y los Bomberos de Itagüí.

Quintero presuntamente habría ordenado a Palacio Cardona y Villada García direccionar los seis contratos en beneficio del gerente y representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Misael Alberto Cadavid Jaramillo, a cambio del 15 % de los recursos entregados.

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El direccionamiento de los contratos habría ocasionado un detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos, de acuerdo con las evidencias obtenidas por la Fiscalía General de la Nación.