Una megainvestigación fiscal se puso en marcha en el país tras revelarse preocupantes hallazgos en la contratación pública durante la recta final del gobierno del expresidente Gustavo Petro. La Contraloría General de la República ordenó una auditoría especial ante la detección de movimientos presupuestales acelerados e inconsistencias en la ejecución de recursos públicos.
Las sospechas del órgano de control comenzaron a finales de junio, coincidiendo con el fin de las restricciones de contratación estatal de la Ley de Garantías tras la segunda vuelta presidencial. En un lapso de apenas cinco semanas, comprendidas entre el 22 de junio y el 28 de julio de 2026, el gobierno saliente firmó nuevos compromisos contractuales por un valor superior a los $48,14 billones de pesos.
La investigación, liderada por la delegada para las Finanzas y la Economía, evidenció que en este breve periodo se efectuaron giros por más de $64,44 billones de pesos y pagos efectivos que rozaron los $60,35 billones. Esta inusual aceleración del gasto estatal ya había motivado una función de advertencia en julio contra el entonces ministro de Hacienda, Germán Ávila.
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Dentro de la evaluación a gran escala, la Contraloría identificó transacciones de gran envergadura dirigidas a sectores clave. Entre ellas sobresalen giros por $7 billones de pesos transferidos a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), una entidad que ha estado en el ojo del huracán judicial por presunto desvío de recursos para fines políticos en el Congreso.
Asimismo, la delegada Jenny Lindo documentó la destinación de $6 billones de pesos bajo el concepto de gastos generales al interior del Ministerio de Salud.
El ente de control identificó un patrón repetitivo de presuntas anomalías financieras en múltiples sectores y beneficiarios. El informe destaca prácticas atípicas en la administración pública, tales como desembolsos totales ejecutados el mismo día de la firma del contrato, contratistas que recibieron dinero simultáneamente de diferentes entidades del Estado y pagos distintos soportados con el mismo documento.
De igual forma, se detectaron casos donde dos o más transferencias monetarias a personas naturales se procesaron en la misma fecha, por el mismo monto, utilizando el mismo informe de ejecución y ligadas a un solo contrato.
Ante la gravedad de los hechos, un grupo élite de auditores de todas las delegadas de la Contraloría fue activado para inspeccionar físicamente los soportes de las transacciones, constatar la entrega real y de calidad de los bienes y servicios, y descartar la existencia de pagos dobles o fraccionados.
