El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reactivó su agenda de seguridad nacional con una contundente instrucción para la fuerza pública y la autoridad migratoria. A partir de esta semana, el Gobierno Nacional pondrá en marcha un plan de operaciones conjuntas para ubicar a los ciudadanos extranjeros que se encuentren en situación de irregularidad en el país.
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De acuerdo con las directrices impartidas por el mandatario durante un consejo de seguridad celebrado en Barranquilla —ciudad que ha definido como su sede presidencial alterna—, el objetivo principal de este despliegue institucional es contrarrestar la delincuencia. La instrucción presidencial establece que la prioridad de captura y expulsión recaerá sobre aquellos extranjeros en condición irregular que estén involucrados en la comisión de conductas delictivas.
"La orden a Migración es clara: primero los que están cometiendo delitos, segundo los que no tienen regularizada su situación y que en el término de la distancia tendrán que ser deportados", manifestó el jefe de Estado, cuya plataforma política debió pausarse temporalmente para atender las emergencias del devastador terremoto que azotó al país.
De la Espriella fue enfático al señalar que asumirá el costo administrativo y político de esta decisión, enmarcada en una visión de estricto control territorial. "No voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos, para que le quede claro a todo el mundo", aseveró el presidente tras exigir que las deportaciones comiencen a ejecutarse sin dilaciones en el transcurso de los próximos días.
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La medida marca un giro notable en la política exterior de un país que históricamente no ha sido receptor tradicional de migración. Sin embargo, en la última década, Colombia se convirtió en el principal destino de la diáspora venezolana, registrando alrededor de tres millones de migrantes en su territorio para el año 2025, según estimaciones de la Acnur.
