Aunque el Gobierno nacional insiste en no reconocer los resultados de las elecciones razón por la que el presidente electo ordenó a su equipo suspeder el proceso de empalme, las autoridades electorales nacionales y las misiones de observación internacional aseguran que el proceso fue legítimo, y que Abelardo de la Espriella debe tomar posición el 7 de agosto.
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Abelardo de la Espriella fue elegido presidente de Colombia con el 49,66 % de los votos en segunda vuelta. Aunque desde el primer momento el actual presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda, candidato perdedor, pidieron esperar el resultado del escrutinio, el 99, 997 % coincidió con el resultado del preconteo.
“Los comités escrutadores hicieron su trabajo. Los jueces de la República hicieron su trabajo. Las autoridades administrativas hicieron lo propio y todos estos actores del ecosistema electoral. En Colombia llegaron a una sola conclusión que habíamos tenido en segunda vuelta como primero una selecciones libres y legítimas, y que en consecuencia constitucional ilegalmente, estamos llamados a los colombianos, entre ellas el presente actual de la República, aceptar como presidente electo Abelardo de la Espriella”, manifestó Juan Sebastián Duque, abogado del Comité Asesor Jurídico Empalme Anticorrupción.
Tras el exigente recuento de la Registraduría Nacional por parte de 2.992 comisiones escrutadoras con la participación de más de 9.000 jueces y notarios, el Consejo Nacional Electoral, máxima autoridad para inspeccionar y vigilar los comicios, oficializó la elección de la Espriella como presidente de Colombia hasta 2030. Las comisiones internacionales destacaron el trabajo de la Registraduría y el proceso de elección.
“Concretamente el Consejo nacional electoral, nos ha abierto las puertas para observar como lo han hecho en el pasado. Colombia es un país que aprecia la transferencia electoral es un país con una democracia transparente y que aprecia la transparencia. En ese sentido hemos tenido total acceso a todas las informaciones necesarias para realizar nuestro trabajo”.
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“El organismo nacional electoral y las autoridades de observación electoral, tanto nacionales como internacionales han declarado que las elecciones fueron unas elecciones conforme a lo establecido por la Constitución y la ley. De tal suerte que la posesión del 7 de agosto es un hecho”, agregó Juan Sebastián Duque, abogado del Comité Asesor Jurídico Empalme Anticorrupción.
Aunque el Gobierno nacional aún no reconoce el resultado de las elecciones, los organismos competentes han señalado que los resultados son legítimos. Con base en lo dispuesto por la Constitución Política del 91, la posesión del candidato elegido está prevista para el próximo 7 de agosto en una base militar, cuyo lugar aún está por definirse.
