El incremento de las masacres durante este año refleja una escalada de violencia que golpea con fuerza a distintas regiones de Colombia, especialmente departamentos como Antioquia, donde la disputa entre estructuras armadas ilegales ha dejado a la población civil atrapada en medio del conflicto.
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Hasta la fecha, según Indepaz se han registrado 54 masacres en el territorio nacional, con un saldo de 233 víctimas mortales. Las recientes masacres ocurridas en municipios como Andes y Marinilla evidencian el deterioro del orden público en Antioquia. En estas zonas, grupos armados ilegales mantienen confrontaciones por el control territorial, las rutas del narcotráfico y las economías ilícitas, generando un clima de temor constante entre las comunidades.
Carlos Andrés Zapata, presidente del IPC, señaló: “Los principales territorios en disputa, como te digo en este momento, por criminalidad de alto impacto es el Suroeste y el Oriente antioqueño, pero por conflicto armado está el norte y el nordeste de Antioquia. Entonces, lo que nosotros sí tenemos en este momento es que las estructuras armadas de alto impacto son las que más están provocando este tipo de acciones”.
Las consecuencias de esta situación recaen directamente sobre las comunidades. El aumento de los homicidios colectivos también ha venido acompañado de desplazamientos forzados, confinamientos y un creciente miedo entre los habitantes de las zonas afectadas.
John Dávila, veedor nacional de Redepaz, hizo un llamado:“Solicitarle a estos actores armados que respete a la población civil que son los primeros perjudicados, la gente del común, la gente trabajadora”.
Frente a este panorama, distintos sectores han hecho un llamado urgente al gobierno nacional, las autoridades regionales y locales para fortalecer las estrategias de prevención y protección de la población civil en Colombia.
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