El Frente de Guerra Oriental del ELN hizo público el video del que denominan: ‘Juicio revolucionario’:
En la pieza audiovisual el grupo armado manifiesta: “Dar público el juicio revolucionario condenatorio contra los dos miembros del CTI y los dos miembros de la Dijín”.
En la publicación, los jefes guerrilleros se refieren a su propio ‘código de guerra’ y que amparados allí, no sentencian a pena muerte, sino a 5 años en cautiverio a dos funcionarios del CTI y a dos policías.
Para los expertos, la escena de un ‘Juicio revolucionario” representa un desafío al Estado. Las reacciones no se hicieron esperar:
Julián Quintana, exdirector del CTI, señaló: “El ELN actúa como un Estado paralelo dentro de Colombia y eso no se puede permitir. Aquí el tema es que el ministro de Defensa ha maniatado a las Fuerzas Militares, realmente es que no están teniendo actuación”.
Desde el Gobierno rechazaron lo que catalogan un intento del grupo armado de pasar por encima del Estado y más aún, del poder judicial.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa, expresó: “El cartel del ELN ni es autoridad judicial, ni tampoco es un órgano del Estado, es una amenaza contra los colombianos”.
Por supuesto que la Rama también se pronunció a través de comunicados: la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía emitieron reacciones. La Defensoría del Pueblo instó a la liberación de las cuatro personas secuestradas hace un año en Arauca.
“Ellos están tratando de mostrar una cierta legalidad en la privación de la libertad dentro de su propio ordenamiento, sin embargo reitero el secuestro, la privación, la toma de rehenes, la privación arbitraria de la libertad es un delito”, señaló Iris Marín, la defensora del Pueblo.
Analistas del conflicto, como Max Yuri Gil, atribuyen estos comportamientos históricamente al deseo de reconocimiento político de estos grupos armados, antes llamados guerrilla:
Max, director de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, hizo una referencia: “Esto fue muy evidente más o menos en el periodo 98-2002, cuando se produjo las negociaciones en el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc buscaban lo que se denominaba un canje humanitario, y con ese fin estuvieron secuestrando a líderes políticos de partidos tradicionales con el fin de intercambiarlos, por ejemplo a Ingrid Betancourt que es uno de los más conocidos, o cuando secuestraron al gobernador de Antioquia”.
Rodrigo López y Jesús Antonio Pacheco, agentes del CTI de la Fiscalía; y Franki Esley Hoyos y Yordin Fabian Pérez, agentes de la Dijín de la Policía, hoy siguen bajo el poder del ELN sin una esperanza de cuándo podrán regresar junto a su familia.
