Lejos de hacer justicia, el fiscal de Santa Marta, Leopoldo Montes, y los patrulleros de la Sijín, Javier Tapias y Wladimir Sanjuan, serían los responsables de un grave delito.
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Según la investigación de la Fiscalía, los uniformados habrían incautado irregularmente los quince motores que movilizaban en un camión que habían llegado importados al puerto de la capital del Magdalena. Esta maquinaria se dirigía a Medellín y su dueño, en vez de recibir su compra, le llegó fue una millonaria extorsión.
Los patrulleros dejaron los quince motores a cargo de la fiscalía seccional y, de acuerdo con la investigación, el fiscal montes se autodesignó el expediente que ni siquiera era de su competencia. Así contactaron al empresario paisa exigiendo el dinero para no vincularlo a un proceso de narcotráfico y contrabando.
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Aunque no aceptaron el delito imputado por concusión, un juez los envió a la cárcel.
