El Tribunal Superior de Medellín, el 15 de enero, ordenó restablecer el esquema de seguridad a Carlos Alberto Arcila Valencia, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, y hacer un análisis de riesgo, tras concluir que la UNP puso en peligro su vida al desmontarle el esquema de protección.
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“Hemos gestionado ante la Unidad Nacional de Protección todos los trámites necesarios y realmente no ha habido eco, este caso no es solamente conmigo, sino con la gran cantidad de líderes y defensores de derechos humanos en el país”, dijo Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín.
Esta decisión se da en medio de las alertas por la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en el país; solo en 2025, Medellín atendió a 40 líderes amenazados, mientras Antioquia registró 27 asesinatos. En Colombia hubo un total de 187, cerca de 1 caso cada dos días.
“Donde les brindamos rutas de atención, albergue, gestión ante la UNP, hay que seguir alertas porque es muy importante la gravedad que está pasando en Antioquia, en el país donde se ha aumentado el conflicto armado”, agregó Arcila.
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Este fallo reaviva el debate sobre la política de la UNP, que continúa retirando medidas de seguridad en medio de una ola de violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
