Cuatro décadas después de la devastadora tragedia en Armero, la aflicción parece no haber concluido, así lo deja ver la Defensoría del Pueblo sobre las garantías de las víctimas que pone al Estado en tela de juicio.
Para la agencia de servicio público, las omisiones en la prevención y la falta de reparación configuraron "violaciones sostenidas a derechos humanos".
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“Lo que tiene que ver con las víctimas de Armero, terminar muchas de las iniciativas que ya tuvieron un comienzo, entre ellas poder hacer registro de propietarios, hacer el cerramiento del área del nevado, hacer una búsqueda de identificación de los niños y niñas que desaparecieron”, dijo al respecto Iris Marín, defensora del Pueblo.
El llamado se hace desde una perspectiva ética, jurídica y política que busca dar una continuidad del proceso que debe llevar a que cada persona sea reparada en las condiciones que se encontraba.
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“Buscar que efectivamente las personas que han sido víctimas logren volver a un estado lo más cercano posible a como estaban”, aseguró por su parte Gabriel Ruiz, líder del Grupo de Investigación de Conflicto y Paz
Hoy se vuelve necesario impulsar la búsqueda e identificación de los 500 niños perdidos con pruebas genéticas y garantizar que la tierra sea una medida de restitución patrimonial.
