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Esta tragedia ocurrió cuando El Almirante, una embarcación de cuatro niveles utilizada para paseos cortos en el embalse de Guatapé, en el departamento de Antioquia, se hundió minutos después de zarpar.
La embarcación conocida como El Almirante naufragó en aguas del embalse Peñol-Guatapé con 170 personas a bordo, dejando nueve personas muertas.
Las investigaciones sobre lo sucedido avanzan y apuntan a responsabilidades compartidas.
“En el caso de El Almirante, con respecto a las verificaciones que hemos adelantado, la empresa Asobarcos estaba con las normas de transporte vigentes para la prestación del servicio público: pólizas al día, el permiso de tripulantes, patente de navegación, certificados de propiedad de motores, matrícula, certificado de inspección técnica y estaba habilitada por el Ministerio. Todo indica que hubo una falla en la prestación del servicio por las condiciones del mismo y los chalecos que debían ser iguales al número de pasajeros, más la tripulación. Todos debían estar usándolos”. Aseguró el viceministro de Transporte, Alejandro Maya
“La sanción máxima, de acuerdo con el régimen sancionatorio de transporte, es de una suma de 700 salarios mínimos legales mensuales, más de 516 millones de pesos, eso es la sanción mayor, pero dependerá de la investigación. Podría ir hasta la inhabilitación de la empresa para la prestación del servicio. Eso en caso de que se demuestren faltas graves”. Concluyó.
