La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por la suma de $4,1 billones de pesos contra 28 funcionarios y contratistas que, según el ente de control, afectaron la operación del Proyecto Hidroituango. De acuerdo a lo investigado una cadena de errores que comenzaron desde la planeación, el diseño, ejecución y control del proyecto, generaron un lucro cesante de $1,1 billones y una pérdida del valor del proyecto por valor de $2, 9 billones.
Entre los imputados figuran miembros de la junta directiva de Hidroituango, gerentes de EPM, gerentes de Hidroituango, exalcaldes de Medellín y ex gobernadores de Antioquia. El resto son empresas y consorcios. El exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, es señalado por presuntas acciones y omisiones al no cumplir con todas las responsabilidades que tenía frente al proyecto como miembro de la Junta Directiva.
Luis Alfredo Ramos, habría cometido una presunta omisión en la falta de cuidado en el megaproyecto y a Aníbal Gaviria, le habrían hecho hallazgos por omisión en su deber de proteger Hidroituango
En la investigación también aparece el exalcalde de Medellín Alonso Salazar Jaramillo.
El proceso fiscal comenzó el 9 de noviembre de 2019 y a partir de la fecha se tienen 10 días hábiles para notificar de manera formal a los imputados para que comiencen sus proceso de legítima defensa. Para el fallo definitivo de responsabilidad fiscal, según la contraloría, no hay plazo de tiempo.
