EPM entró al negocio de energía en la costa Caribe a través de una subasta pública para salvar el servicio, a pesar de que diferentes sectores advirtieron del alto riesgo del negocio.
“El gobierno de Iván Duque después le ofrece a la Alcaldía de Medellín que a cambio de tomar el control de lo que era Electricaribe y volverse Afinia, ellos le aprobaban el Conpes del metro de la 80 y así fue el negocio”, explicó David Toledo, veedor ciudadano.
Pero el verdadero negocio de corrupción se daría un año después, según las denuncias en la Fiscalía, con el pago de los 8 millones de dólares por la gerencia de Afinia, la filial de EPM en la costa, millonario pago que habría quedado en los bolsillos de la administración de Daniel Quintero.
Este dinero lo habrían recogido en una “vaca”, el excongresista William Ortega, los venezolanos Juan Andrés Bior, empresarios costeños y el polémico contratista, hoy en la cárcel, Emilio Tapia, quienes veían esa compra como una inversión.
Según la denuncia, se cobra a los contratistas 6 % del valor de los contratos: el 1 % serían para el exgerente de Afinia, Javier Lastra; y el 5 % para la sociedad de los 8 millones de dólares.
“¿Cuál era la sociedad? Este señor William Ortega, más unos venezolanos que han estado metidos y que han salido a la luz pública como los mayores contratistas en la era Quintero”, señaló el concejal de Medellín, Andrés Rodríguez.
El déficit financiero de Afinia hoy es de 1.5 billones de pesos.
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