Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, encendió el ventilador por el escándalo de los carrotanques en La Guajira, enredando a funcionarios del gobierno, así como a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes.
Pinilla aseguró que su entonces jefe, Olmedo López, le pidió entregarle $3.000 millones a Iván Name, presidente del Senado y otros $1.000 millones a Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, al parecer, con el fin de que aceleraran la aprobación de las reformas de Petro en el Congreso.
“En mi gobierno no se tolera la corrupción. Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”, escribió el presidente de la República en su cuenta de X.
El ministro del Interior, Fernando Velasco, la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, Andrés Idarraga, secretario de Transparencia y hasta el mismo exalcalde de Medellín Daniel Quintero estarían implicados. Precisamente a Ortiz e Idarraga les pidieron la renuncia, produciéndose así las primeras salidas por el escándalo.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación previa contra los congresistas.
Entretanto, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, "ordenó el inicio de las actuaciones disciplinarias que sean pertinentes por los graves hechos denunciados en las últimas horas, en los que se mencionan presuntos actos delictivos y de corrupción que al parecer involucrarían a altas dignidades del órgano legislativo, incluidos los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, así como a otros altos funcionarios del Estado".
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