Revuelo ha causado en el país el proyecto de Ley por medio del cual se busca reformar el marco normativo e institucional penal, que le permitiría a las personas privadas de la libertad, salir a trabajar, entre otros beneficios.
Pese a que el proyecto se encuentra en construcción, ya ha generado polémica por los parámetros que busca reformar, entre ellos, además de la posibilidad de que las personas privadas de la libertad puedan salir a trabajar, busca reducir la pena de prisión para los tipos penales de 60 a 40 años.
Sin embargo, el ministro de Justicia insiste que no se trata de un proyecto que otorgue impunidad. “El proyecto de ley que estamos pensando radicar al congreso, no es un proyecto de excarcelación, y muchísimo menos es un proyecto de impunidad. No presentaríamos jamás un proyecto de impunidad. Es un proyecto que está centrado en restablecer los derechos de las víctimas, favorecer la resocialización de las personas privadas de la libertad”, manifestó el ministro Néstor Osuna.
En ese sentido, para algunos expertos en la materia, el proyecto, en teoría, es coherente en términos de justicia restaurativa, sin embargo, debe estar acompañado de una serie de medidas que debe implementar el Estado colombiano.
Así lo manifestó el abogado penalista José Abad Zuleta, quien indicó que "por primera vez veo un proyecto coherente en cuanto a los propósitos, justicia restaurativa, eliminar el estado de cosas institucionales, privilegiar la libertad y la dignidad, en ese contexto y esos son los objetivos del proyecto, vale la pena que en el congreso se sustente en esos objetivos con la norma que exista coherencia".
Sin embargo, para otras personas la reforma no es acertada, pues aseguran que el Gobierno Nacional no es del todo consciente de las consecuencias que podría traer, así lo indicó Andrés Úsuga- Decano de Derecho Universidad Santo Tomás de Medellín, quien manifestó que “creo que es importante decir que un gobierno que está a punto de cumplir los seis meses, no está para dar estos bandazos de improvisación, sobre todo en los temas de la resocialización. Es importante indicar que los esfuerzos que hace la Policía, la Fiscalía por la investigación, por la inteligencia, no pueden ser desconocidos simplemente de un plumazo”.
Cabe resaltar que en el proyecto, no todas las personas privadas de la libertad están incluidas en estos planes de resocialización, pues de él no hacen parte los servidores públicos, los abusadores sexuales de menores, ni los judicializados por tráfico de estupefacientes.
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