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Bogotá, 22 ene (EFE).- Las intensas lluvias e inundaciones que en los últimos meses han azotado Colombia aumentaron el riesgo de fraude en las elecciones locales previstas para octubre próximo, por la vulnerabilidad en la que quedaron los más de dos millones de damnificados a causa del desplazamiento y la pérdida de bienes.
Así lo puso de manifiesto en una entrevista con Efe la directora de la ONG Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, quien advirtió de que la compra de votos podría incrementarse aprovechando las necesidades de la población afectada por la ola invernal.
"Cuando tienes un problema económico gravísimo, cuando has perdido tu tierra, tu trabajo, tu casa está inundada, frente a cualquier oferta, la más mínima, la más miserable, lo que responde a un derecho que tienes por ser ciudadano colombiano puede ser fácilmente 'transado' por un beneficio político", aseveró Barrios, cuya ONG analiza los procesos electorales en el país.
El 30 de octubre de este año se llevarán a cabo comicios regionales en Colombia, en los que se elegirán asambleas departamentales, gobernadores, concejos, alcaldes y juntas administradoras locales.
A juicio de Barrios, existe el peligro de que las autoridades locales utilicen "con fines políticos" los recursos públicos que el Gobierno central les ha otorgado para atender a los damnificados.
Otro riesgo es, según Barrios, la aparición de "cárteles de contratistas", es decir, acuerdos mediante los cuales políticos locales adjudican obras de reconstrucción a empresarios a cambio de su apoyo económico en las próximas elecciones.
La directora de la MOE resaltó que, en el marco de emergencia que vive Colombia, la urgencia "entendible" que tiene el Gobierno en reconstruir infraestructuras debilita el control en los procesos de licitaciones locales.
Por eso, invitó a la sociedad civil y al periodismo de investigación colombiano a generar un mecanismo de denuncia "muy fuerte" ante posibles irregularidades.
Del mismo modo, solicitó al Gobierno que haga públicos, a través de Internet, los nombres de las personas que componen las juntas directivas de aquellas empresas contratadas para realizar actividades relacionadas con la ayuda a los afectados por el invierno.
Esa medida, apuntó Barrios, serviría para activar un artículo de la Ley Estatutaria que impide financiar campañas políticas a aquellas empresas que obtengan más de la mitad de sus ingresos a través de contratos con el Estado.
Las fuertes lluvias e inundaciones en Colombia han dejado en los últimos meses más de 300 muertos, 2,23 millones de damnificados y más de 60 desaparecidos, además de 1,32 millones de hectáreas cultivables dañadas y decenas de carreteras y puentes en desuso, entre otras infraestructuras públicas.
Colombia Humanitaria, el mecanismo gubernamental creado para recaudar las donaciones, ha recibido hasta la fecha sólo de particulares 34.000 millones de pesos (unos 18 millones de dólares).
Si a ello se une la ayuda en especie y los fondos recibidos por empresarios, el monto total se eleva a unos 100.000 millones de pesos (unos 55 millones de dólares), según informó esta semana la primera dama y quien se ha puesto al frente de Colombia Humanitaria, María Clemencia Rodríguez.
