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Bogotá, 24 abr (EFE).- La embajada de Estados Unidos en Bogotá llegó a pedir a su Gobierno que presionara al Ejecutivo de Colombia para una solución a un conflicto de tierras de comunidades negras que fueron apropiadas por palmicultores, según unos cables diplomáticos divulgados hoy por el diario El Espectador.
Al menos once despachos sobre el caso emitió de 2007 a 2009 la representación diplomática, precisa el matutino, que el pasado febrero recibió del fundador del portal WikiLeaks, el australiano Julian Assange, más de 16.000 documentos sobre este país andino.
En un cable de mayo de 2007, el entonces embajador estadounidense William Brownfield reportó, según la versión del diario, que "seguían apareciendo acusaciones de que algunos productores habían concertado con paramilitares para apropiarse ilegalmente de tierras de las comunidades afrocolombianas".
El despacho se refiere al caso de asentamientos de afrodescendientes en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en las selvas del Chocó, departamento de la frontera noroeste con Panamá.
Las comunidades perdieron miles de hectáreas de propiedad colectiva tras un éxodo obligado en 1997 por enfrentamientos entre guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y paramilitares, según lo recuerda un cable de junio de 2007.
"(...) cuando regresaron, sus tierras estaban ocupadas por plantaciones de palma africana", agrega el diario, y apunta que "buena parte de los palmeros argumentaron que ellos habían comprado esas tierras, pero organizaciones de derechos humanos replicaron afirmando que los vendedores habían obrado intimidados por los grupos paramilitares".
Otro despacho, de 2008, informa de una visita de funcionarios de la embajada de EE.UU. a las comunidades negras, de las que los diplomáticos escucharon denuncias sobre la presencia de paramilitares y la disputa de la tenencia de tierras con trece empresas de palmas africanas.
Ante ello, "la embajada resaltó su petición de que se presionara al Gobierno colombiano para resolver los problemas de títulos de las tierras, mejorar la seguridad y compensar a las comunidades", escribe El Espectador.
El mismo despacho recogió la versión de un oficial del Ejército que reconoce la presencia de "bandas criminales" en la zona, así como la postura del director regional de entonces de la Acción Social (agencia estatal de asistencia humanitaria) Luis Mario Gaviria.
Este exfuncionario, hermano de José Obdulio Gaviria, antiguo asesor de cabecera del ahora expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), negó que no quisiera trabajar con dichas comunidades y sostuvo que su relación con ellas estaba afectada por la Comisón Intereclesial de Justicia y Paz (de derechos humanos y que acompaña a los afrodescendientes).
Varios líderes de las comunidades han sido asesinados en este conflicto, del que se mantiene el desplazamiento, mientras que la Fiscalía General investiga el caso, por el que ha procesado a algunos palmicultores y paramilitares.
