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Cerca de 1.000 conexiones ilegales a los servicios públicos está encontrando mensualmente EPM en el Valle de Aburrá. Las pérdidas son millonarias para la empresa, pero también para los demás ciudadanos que tienen que pagar más por ello y además recibir menos inversión.
Mientras EPM invierte millonarios recursos para recuperar la Hidroeléctrica Ituango y hace esfuerzos por mantener las transferencias a Medellín que para 2019, por ejemplo, serán de un billón 100 mil millones de pesos, la empresa es víctima de inescrupulosos que se conectan ilegalmente a la energía, el agua y el gas natural, restándole ingresos a la compañía y afectando al final de la cadena a otros ciudadanos.
La conexión ilegal a los servicios públicos está tipificado como un delito denominado defraudación de fluidos, según el código penal. Incurrir en él puede acarrear desde una sanción económica hasta penas de prisión que van de los 3 a los 6 años. Así mismo implicaciones para el inmueble involucrado.
Mensualmente EPM detecta hasta mil instalaciones fraudulentas, la mayoría de esos hurtos asociados a empresas de arepas, hoteles y moteles. Las pérdidas de EPM han llevado a que la empresa conforme un equipo especial con personal interno y externo que trabaja de forma articulada con las autoridades.
Durante años las conexiones ilegales a los servicios públicos se han asociado a los estratos de menos recursos, pero la práctica ilegal ahora es implementada por algunas industrias y el comercio, generando así una mayor defraudación.
