Voces encontradas es lo que hoy se escucha en la calle cuando al ciudadano de a pie le preguntan del cobro que le harán por el impuesto a la seguridad aprobado por la Asamblea de Antioquia.
Dice la gente que el bolsillo literalmente no aguanta más, un incremento a la tarifa de los servicios públicos domiciliarios.
Desde la Liga Nacional de Usuarios de Servicio Públicos consideran que la tarifa que cobran a los diferentes estratos sociales se ha vuelto impagables por diferentes razones.
“Hoy todos los usuarios de servicios públicos en el país estamos pagando tarifas impagables, y los usuarios que llamamos contribuyentes por solidaridad, los estratos residenciales 5 y 6 más lo industriales y comerciales y ahora sumado el usuario residencial que le cargó muy duro e insoportable”, manifestó Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios.
El gran interrogante es si el impuesto logrará su recaudo hasta el año 2027.
“No hay impuesto más permanente que el temporal y yo no creo que este impuesto se acabe en el año 2027”, señaló Andrés Bedoya, presidente de la Asamblea de Antioquia.
Insisten los usuarios inconformes, que el gobierno departamental debería buscar otras alternativas de recaudo para fortalecer la seguridad, y no tocar algo tan sensible como la economía de los antioqueños.
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