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De municipios a corregimientos

(El Mundo) Esto le podría ocurrir a nueve municipios antioqueños por no cumplir con la Ley 617 de Ajuste Fiscal, según reporte de la Contraloría General de Antioquia.

Angelópolis, Zaragoza, Abriaquí, Pueblorrico, Carepa, Uramita, Cañasgordas, Toledo y Granada, son los municipios que la Contraloría  General de Antioquia ha señalado por incumplir la Ley de Ajuste Fiscal durante tres años consecutivos.

Así lo indicó el contralor Jorge Rojas Otálvaro, quien señaló que antes de mejorar, la situación fiscal de los municipios antioqueños es cada vez peor.

Ana Cristina Moreno, directora del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, define la Ley 617 como una herramienta que limita el gasto excesivo en funcionamiento que hacen las alcaldías, para garantizar más recursos para la inversión social.

Los municipios antioqueños tienen su mayor fuente de ingresos en el Sistema General de Participaciones, dineros que gira la Nación y tienen destinación específica para la educación, salud, saneamiento básico, entre otros. Los recursos propios que reciben los municipios provienen básicamente de los impuestos de catastro e industria y comercio. Esos son los ingresos propios, que según la Ley 617 no pueden ser usados en más del 80% en gastos de funcionamiento.

El contralor Rojas dijo que “para 2009 se reportaron 18 municipios y para 2010 incumplieron 22. El año pasado Antioquia aportaba al concierto nacional un 36% de municipios incumplidores del país, no porque seamos los más malos como municipios, sino porque en el resto del país no están haciendo la evaluación exacta”.

La directora de Planeación explicó que “hay dos miradas con relación a este indicador, una muy común a nivel nacional es medirlo sin tener en cuenta el déficit fiscal. Si lo medimos así Antioquia no tendría 22, sino 9 municipios que incumplen”.

El informe presentado por la Contraloría llevará a algunos alcaldes a instancias penales, como el caso del mandatario de Puerto Nare, Ever Ramírez, pues esta localidad “le dedujo a los funcionarios $877 millones por retefuente y no los trasladó a impuestos nacionales”, dijo el Contralor.

Lo que sigue con los municipios que llevan hasta tres años incumpliendo la Ley 617 es que la Asamblea Departamental reglamente modelos financieros y “llegará un momento del proceso, en que si el municipio no mejora, pierde su categoría y se convierte en corregimiento”, dijo la Directora de Planeación.