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Transparencia y responsabilidad demoran el PDA

El inicio de las obras de construcción y/o mejoras de las estructuras de los sistemas de acueducto y alcantarillado de 60 municipios antioqueños vinculados al PDA, se ha postergado recurrentemente por las dificultades surgidas en la tramitología contemplada en el Decreto 3200 del 29 de agosto de 2008.

Sin embargo, la Gerencia de Servicios Públicos viene trabajando con denuedo para superar los diferentes obstáculos que han aparecido desde la puesta en marcha de este acto administrativo en Antioquia.

El último gran obstáculo se superó en junio pasado, con la firma de un convenio con la Universidad de Antioquia por $35.400 millones para que esta asumiera la Gerencia Asesora y la interventoría del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, PDA.

“Aplaudimos la decisión de la Gobernación de no entregar esta gerencia a un particular sino a la U. de A. Esto es sinónimo de transparencia. Con ella tenemos la certeza de que la burocracia y la corrupción no estarán manejando los dineros públicos. Podría suceder aquí que se presentara un carrusel de contrataciones como en Bogotá, una especie de “nulización” del PDA en Antioquia. Se han demorado para comenzar con los trabajos, pero estamos tranquilos porque el proyecto se adelanta con claridad. No nos ganamos nada con que un contratista arranque y después no termine nada porque misteriosamente se acabaron los recursos. Era permitir que privados contrataran con privados y se repartieran el dinero de los impuestos”, dijo uno de los alcaldes de los 60 municipios que participan en el Plan, quien pidió reserva de su nombre.

Genera controversia

“El PDA es una iniciativa del Gobierno Nacional para lograr la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico. Antioquia se vinculó en octubre de 2008, al firmar un convenio con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”, explicó el gerente de Servicios Públicos, Carlos Quiceno.

Según el funcionario, la observancia de la normatividad ha sido extensa, estricta y compleja y hasta se han llegado a encontrar con vacíos en la norma, como por ejemplo, que no existe una fecha límite para que los municipios se vinculen al PDA. “La tuvimos que poner nosotros”, sostuvo Quiceno.

La conformación de las diferentes estructuras operativas: el Comité Directivo, el Gestor, el Esquema Fiduciario y la Gerencia Asesora; la firma del convenio con el Ministerio de Vivienda; estipular las necesidades de inversión en cada municipio; las ordenanzas para comprometer vigencias futuras para la ejecución y desarrollo del PDA y contratar empréstitos; y los acuerdos municipales, son algunas de las fases que se han venido cumpliendo en desarrollo del PDA.

“Teníamos que visitar cada localidad y entregarles la información. Fuimos hasta seis veces a un municipio para explicarles y al final no se vincularon. El proceso del PDA ha sido desgastador, largo y tedioso y genera mucha controversia, pero lo hemos asumido con responsabilidad”, agregó Quiceno.

El municipio de Caucasia necesita una inversión de $178 mil millones para solucionar sus problemas de acueducto y alcantarillado. “Tenemos que ayudarles porque no son capaces solos. San Juan de Urabá cuenta con $111 millones del SGP, pero requiere de $8.500 millones para solucionar la deplorable condición de su sistema de aguas. Esas obras se van a realizar con recursos propios de la Gobernación. Tenemos claro que el dinero inicialmente estipulado para el PDA en Antioquia no va a alcanzar. El Gobierno debe hacer un esfuerzo mayor e inyectarle más recursos al tema de los planes departamentales, con dineros de las regalías, por ejemplo”, finalizó el gerente Quiceno.

Para superar el más reciente inconveniente, el Gobierno Nacional se encuentra estudiando un proyecto de Ley Orgánica, con mensaje de urgencia, para dar claridad sobre las implicaciones en relación con los PDA, en lo que tiene que ver con las vigencias futuras, un tema que podría poner freno de nuevo al impulso que trae este Plan en Antioquia.

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